Tras el rescate de un refugiero en el Cerro Tronador, cuestionan los protocolos de seguridad de la concesión a cargo de Andrés Lamunière
La localización con vida de Juan Martín Crespo tras varias horas extraviado en Laguna Ilón reabrió el debate sobre las condiciones de trabajo y la gestión de las instalaciones en el Parque Nacional Nahuel Huapi. El permisionario del recinto es el guía condenado a prisión por la tragedia del cerro Ventana en 2002.
Un operativo desplegado por la Comisión de Auxilio y equipos de rescate concluyó con el hallazgo con vida de Juan Martín Crespo, el refugiero de 28 años que se encontraba desorientado desde la tarde del martes en las inmediaciones del Cerro Tronador. El joven fue localizado en buen estado de salud en la zona de Laguna Ilón, tras haber permanecido expuesto durante la noche a las extremas condiciones meteorológicas marcadas por un intenso temporal de nieve.
Pese al desenlace favorable, el episodio generó una fuerte conmoción institucional al poner bajo la lupa el cumplimiento de los protocolos de seguridad operativa vigentes en la alta montaña. El permisionario a cargo de la concesión del refugio, explotado bajo la órbita del Club Andino Bariloche, es Andrés Lamunière, el conocido andinista que en 2005 fue condenado por la Justicia Federal a tres años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación por el delito de homicidio culposo, tras la avalancha en el cerro Ventana que en 2002 le costó la vida a nueve estudiantes universitarios.
Fuentes del ámbito del montañismo y del propio Parque Nacional Nahuel Huapi advirtieron que la travesía se concretó bajo alertas por tormentas de nieve y sin respetar pautas preventivas básicas. Entre los señalamientos principales, se remarcó que los dos trabajadores que se dirigían al recinto se habrían separado durante la caminata —desatendiendo el principio de desplazamiento acompañado— y que no contaban con equipamiento de comunicación o geolocalización satelital para reportar emergencias en zonas carentes de cobertura celular.
El incidente reactivó la discusión sobre la responsabilidad de los concesionarios y las autoridades de control en el resguardo de la integridad del personal de montaña, un debate que ya había cobrado dramatismo en abril de 2022 con la muerte por hipotermia del refugiero Manuel Benítez, de 29 años, cerca del refugio Frey. Aquella causa derivó en la condena a tres años de prisión en suspenso del concesionario Federico Pajarín, por lo que este nuevo suceso vuelve a poner bajo estricto examen las exigencias operativas requeridas para la prestación de servicios en el área protegida.
