Zona andina: le revisó el celular, le mandó capturas al jefe y la Justicia le prohibió el contacto
Un Juzgado de Paz de la región dispuso una medida cautelar contra un hombre tras una denuncia por violencia de género, luego de que este interceptara el teléfono de su expareja, difundiera información privada en su ámbito laboral y ejerciera hostigamiento constante.
El caso salió a la luz a partir de la presentación judicial realizada por una joven en la zona Andina de Río Negro, quien expuso una serie de conductas de control sistemático por parte de su expareja. Según detalló la denunciante, el hombre le revisó el dispositivo móvil durante una visita a su domicilio, extrajo capturas de pantalla de sus conversaciones privadas y procedió a enviárselas directamente a su empleador con la intención de perjudicarla en su entorno laboral.
La pareja se encontraba separada desde hacía aproximadamente cuatro años y comparte un hijo en común, vínculo por el cual mantenían un trato limitado que en el último tiempo se volvió insostenible. Durante la audiencia judicial, la víctima amplió su relato y explicó que el denunciado intentaba regular constantemente sus actividades cotidianas, cuestionando sus amistades, sus salidas, la ropa que vestía y los lugares que frecuentaba, además de hostigarla con llamadas insistentes cada vez que retiraba al menor.
Por su parte, el hombre expuso su versión de los hechos ante el magistrado y argumentó que el conflicto estalló cuando la madre y la abuela del niño le impidieron retirarlo alegando una supuesta restricción, lo que desató una discusión con forcejeos que derivó en una exposición policial posterior. Asimismo, manifestó su intención de recurrir a la vía legal para regular formalmente un régimen de comunicación, reconociendo que hasta el momento los encuentros se acordaban únicamente de palabra.
Al evaluar los antecedentes y las declaraciones de ambas partes, el juez interviniente advirtió la ausencia previa de un acuerdo formal sobre el cuidado del niño y destacó la necesidad de analizar el expediente bajo una rigurosa perspectiva de género. En consecuencia, la Justicia resolvió ordenar una prohibición estricta de contacto personal, telefónico y digital para el denunciado, vedándole además la realización de publicaciones o la difusión de imágenes que involucren a la mujer, al tiempo que remitió las actuaciones al fuero de Familia.
