El Gobierno modificó la Ley de Migraciones para expulsar a extranjeros que inciten a la violencia contra la Argentina
Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei, el Ejecutivo habilitó el rechazo de ingreso, la cancelación de residencia y la expulsión del país a quienes promuevan mensajes de odio o atenten contra los símbolos patrios. La norma entra en vigencia este viernes.
El Gobierno nacional oficializó una reformulación de las condiciones normativas en materia migratoria mediante la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 en el Boletín Oficial este jueves 30 de julio. La medida impulsada por el presidente Javier Milei habilita a las autoridades competentes a impedir el ingreso al territorio nacional, revocar las radicaciones otorgadas o disponer la expulsión inmediata de aquellos ciudadanos extranjeros que difundan mensajes de odio o promuevan la violencia contra la Argentina y sus habitantes.
El texto oficial alcanza a todas aquellas personas no nacionales que emitan discursos u oraciones de hostilidad de forma oral o escrita, inciten a actos violentos contra el pueblo argentino en función de su nacionalidad o participen activamente de agravios y ultrajes hacia los símbolos patrios. Con la inclusión de estos supuestos al marco regulatorio, el Poder Ejecutivo busca establecer un mecanismo directo para la tramitación de expulsiones y la denegación de visados o permanencias a quienes incurran en tales conductas.
A fin de delimitar el alcance del instrumento normativo, la disposición del Ejecutivo precisa de manera explícita que la aplicación de las sanciones no afectará el libre ejercicio de la libertad de expresión. De este modo, la norma aclara que quedarán estrictamente exceptuadas de cualquier penalización las manifestaciones de disenso ideológico, como así también las críticas de carácter político, académico o ciudadano desarrolladas en el ámbito público.
La fundamentación de la medida se apoyó en un registro del incremento de discursos y mensajes hostiles dirigidos contra los ciudadanos argentinos, sosteniendo desde los considerandos que la preservación de la seguridad y el respeto a la soberanía nacional resultan innegociables. Para los extranjeros que ya se encuentren radicados de forma legal en el país y sean alcanzados por las causales estipuladas, la comprobación del hecho derivará en la baja de la residencia y el requerimiento de abandono del suelo nacional, en una normativa que comenzará a regir a partir de este viernes 31 de julio.
