El Gobierno rionegrino busca poner fin a la exclusividad del IPROSS y habilitar la opción de obra social a los estatales
A través de una iniciativa parlamentaria impulsada por el Ejecutivo, la gestión rionegrina propone liberar el traspaso de aportes para la planta de agentes provinciales y jubilados. El proyecto fijará un período mínimo de permanencia y garantías para evitar discontinuidades en las prestaciones médicas en curso.
En un movimiento estratégico dentro de la agenda de reformas provinciales, el gobernador Alberto Weretilneck formalizó la remisión a la Legislatura de un proyecto normativo orientado a transformar el esquema de salud de los agentes del Estado rionegrino. La medida apunta de forma directa a suprimir la obligatoriedad de aportes al Instituto de Promoción de la Seguridad Social (IPROSS), ofreciendo en su lugar un mecanismo que permita a cada empleado optar por la cobertura médica de su preferencia dentro del sistema sanitario habilitado.
La flexibilización proyectada involucra de manera directa a los afiliados titulares directos de la provincia, abarcando en el mismo término normativo tanto a la planta permanente activa como al segmento de beneficiarios pasivos. Según especifica la propuesta enviada a la Cámara, el trabajador que resuelva ejercer el cambio transferirá la totalidad de la masa de aportes y contribuciones patronales, debiendo incluir obligatoriamente dentro de la misma nómina prestacional al grupo familiar directo que tenga bajo su dependencia.
Para garantizar la previsibilidad económica e institucional de las administraciones de salud, el texto que debatirá el cuerpo legislativo contempla ciertas exigencias técnicas. La principal de ellas dicta que quien efectúe la opción de traspaso estará sujeto a un término de permanencia no menor a un año en la nueva prestadora. Solamente tras haber completado dicho lapso contractual, el afiliado tendrá la facultad legal de tramitar una nueva migración de entidad o solicitar la restitución formal de sus beneficios en el IPROSS.
Por otra parte, el proyecto institucionaliza salvaguardas legales destinadas a proteger a los usuarios frente a contingencias operativas o financieras de las empresas privadas de salud. Ante el cese imprevisto de prestaciones por causas externas al trabajador, la norma prevé una reincorporación inmediata a la cobertura estatal, obligando a mantener la continuidad ininterrumpida de todo tratamiento médico de complejidad o de curso prolongado durante los períodos de transición entre entidades.
