Un jurado popular declaró culpable a Emerson Marín por el femicidio de Estefanía Civardi, ocurrido en julio de 2025. El integrante de la Policía de Río Negro había prestado servicios en Las Grutas, localidad donde residió durante gran parte de su vida.
El sospechoso fue aprehendido al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y autoridades migratorias estadounidenses. Quedó formalmente detenido e imputado mientras se inician las actuaciones tendientes a su extradición a la República Mexicana.
El veredicto de responsabilidad penal recayó sobre el oficial Emerson Marín tras cuatro jornadas de juicio oral y público. El fuero judicial confirmó que el hecho fue encuadrado como homicidio triplemente calificado por el vínculo, por violencia de género y por el uso de arma de fuego, por lo que la pena de prisión perpetua será determinada en la posterior instancia de cesura.
Un informe interdisciplinario elaborado durante la internación de Carlos Arias en el hospital Castro Rendón detalló que el hombre se encuentra orientando y consciente. El hecho genera un fuerte impacto en el Valle Medio, región de donde es originaria la familia de la víctima.
El juez de garantías determinó que la legislación procesal de Río Negro no autoriza el otorgamiento de beneficios progresivos mientras la condena no se encuentre firme. El imputado continuará alojado bajo prisión preventiva por riesgo de fuga.
La Cámara Laboral desestimó la acción planteada contra una cadena de supermercados al no acreditarse un trato discriminatorio. La magistratura advirtió una serie de errores sustanciales e inexcusables en la formulación del reclamo económico que fundamentaron la responsabilidad exclusiva del profesional.
La Cámara del Trabajo de la ciudad cordillerana desestimó el reclamo indemnizatorio presentado por una empleada de comercio que exigía una cifra cercana a los 22 millones de pesos por presunto despido discriminatorio. Si bien el tribunal eximió a la trabajadora de afrontar los gastos del proceso, responsabilizó económicamente a su letrado patrocinante por incurrir en errores graves e injustificados al formular la pretensión económica.
El fuero Civil interviniente aplicó la Ley de Defensa del Consumidor para atribuir responsabilidad objetiva a la firma comercial. La condena obliga al establecimiento a indemnizar al damnificado por el deber de seguridad omitido, las secuelas físicas permanentes y los meses de inactividad laboral.
El Máximo Tribunal de la Nación dejó firme la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en el litigio entre la comuna andina y la empresa PepsiCo. La resolución ratifica que las tareas de constatación y fiscalización tributaria son facultades públicas indelegables que deben ser ejecutadas exclusivamente por inspectores municipales.
La defensa de Mauricio Nicolás Báez solicitó el beneficio tras cumplir con los plazos temporales de la condena de nueve años dictada por el crimen de Ricardo Herrera. La fiscalía, la querella y los familiares de la víctima rechazaron el pedido al señalar la inexistencia de un marco legal para condenas apeladas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.